16.7.2016   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 192/73

(1)

Establecido el mecanismo único de supervisión (MUS), las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos pueden solicitar, tanto del Banco Central Europeo (BCE) como de las autoridades nacionales competentes (ANC), información confidencial elaborada o recibida por el BCE o las ANC en el desempeño de sus funciones de supervisión.

(2)

Según el artículo 136 del Reglamento (UE) n.o 468/2014 del Banco Central Europeo (BCE/2014/17) (2), cuando en el desempeño de las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) n.o 1024/2013 del Consejo (3) el BCE tenga motivo para sospechar que puede haberse cometido un delito, solicitará a la ANC pertinente que remita el asunto a las autoridades competentes para su investigación y posible enjuiciamiento por la vía penal, de conformidad con la legislación nacional.

(3)

Hay antecedentes de cooperación entre las ANC y las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos en cuanto al acceso de estas, conforme a la legislación nacional, a información confidencial relativa a entidades supervisadas o grupos supervisados según se definen, respectivamente, en el artículo 2, puntos 20 y 21, del Reglamento (UE) n.o 468/2014 (ECB/2014/17). Es básicamente la legislación nacional la que establece las condiciones que rigen esa cooperación y la revelación de información confidencial a las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos. No obstante, el derecho de la Unión tiene ciertos efectos en las condiciones conforme a las cuales la información confidencial de que disponen las autoridades competentes, incluido el BCE, en el marco del MUS, puede transmitirse a las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos previa solicitud de estas. Por ejemplo, en el derecho de la Unión se establece el principio de cooperación leal, el deber de cooperación leal y la obligación de intercambiar información en el MUS, la obligación de proteger los datos personales, y la obligación de secreto profesional.

(4)

Además de aplicarse a la divulgación de información confidencial relativa a las tareas encomendadas al BCE por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, incluida la información de que disponen las ANC cuando asisten al BCE en el desempeño de dichas tareas, esas condiciones pueden, en principio, aplicarse también a la divulgación de información confidencial relativa a la función de política monetaria y otras funciones del SEBC o del Eurosistema.

(5)

El BCE debe mantener su obligación de secreto profesional y su obligación de velar por su propio funcionamiento e independencia. Asimismo, el BCE debe seguir velando por el interés público y ciertos intereses privados, lo que incluye abstenerse de divulgar ciertos documentos o datos cuya divulgación perjudicaría a esos intereses. Sin embargo, esas obligaciones no deben suponer la prohibición absoluta de que el BCE transmita información confidencial amparada por el deber de secreto profesional a las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos.

(6)

El derecho de la Unión exige proteger la confidencialidad de ciertos datos o documentos, incluidos los datos personales, y, salvo en ciertos casos, prohíbe revelar a terceros los datos o documentos confidenciales. Concretamente, conforme a las normas de secreto profesional establecidas en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4), la información confidencial que a título profesional reciban «las personas que trabajen o hayan trabajado para las autoridades competentes, así como los auditores o expertos que actúen por cuenta de las autoridades competentes», solo puede desvelarse en forma sumaria o agregada, de manera que las entidades de crédito no puedan ser identificadas individualmente, sin perjuicio de los supuestos regulados por el derecho penal.

(7)

Según el artículo 37.2 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, las personas que tengan acceso a datos amparados por la legislación de la Unión que imponga la obligación de secreto deben estar sujetas a dicha legislación.

(8)

No existe aún en el derecho de la Unión un procedimiento para tramitar la solicitud de información confidencial cursada al BCE, las ANC o los bancos centrales nacionales (BCN) por las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos y relativa a las tareas encomendadas al BCE por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, incluida la información de que disponen las ANC o los BCN cuando asisten al BCE en el desempeño de dichas tareas, o relativa a la función de política monetaria y otras funciones del SEBC o del Eurosistema. No obstante, la aplicación de procedimientos nacionales a esa solicitud debe respetar los principios generales del derecho de la Unión, en particular el principio de cooperación leal, así como el deber de cooperación leal y la obligación de intercambiar información establecidos en el artículo 6 del Reglamento (UE) n.o 1024/2013. En este sentido, y conforme al derecho de la Unión, el BCE celebraría ser consultado o, según proceda, informado, sobre las solicitudes de información confidencial relativa a las tareas encomendadas al BCE por el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, incluida la información de que disponen las ANC o los BCN cuando asisten al BCE en el desempeño de dichas tareas, o relativa a la función de política monetaria y otras funciones del SEBC o del Eurosistema, que las ANC o los BCN reciban de las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos.

(9)

La presente Decisión no debe aplicarse a las solicitudes de acceso a información relativa a personas vinculadas con el BCE por una relación laboral o por una relación contractual directa o indirecta para la ejecución de obras, el suministro de productos, o la prestación de servicios.

(10)

Por tanto, la presente Decisión debe establecer las condiciones y el procedimiento que el BCE debe aplicar a la divulgación por las ANC y los BCN de información confidencial relativa a las tareas que le encomienda el Reglamento (UE) n.o 1024/2013, o relativa a la función de política monetaria y otras funciones del SEBC o del Eurosistema, a las autoridades nacionales encargadas de investigar delitos.

(11)

La Oficina de Cumplimiento y Gobernanza del BCE actúa como coordinador en el BCE de las solicitudes de acceso a documentos comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Decisión.

a)

«información confidencial», toda información confidencial, incluida la protegida por las normas de protección de datos, por la obligación de secreto profesional o por las normas de secreto profesional de la Directiva 2013/36/UE, así como los documentos clasificados como «ECB-CONFIDENTIAL» o «ECB-SECRET» conforme al régimen de confidencialidad del BCE, y excluida la información relativa a personas vinculadas con el BCE por una relación laboral o por una relación contractual directa o indirecta para la ejecución de obras, el suministro de productos, o la prestación de servicios;

b)

«autoridad nacional encargada de investigar delitos», toda autoridad nacional competente en cuestiones de derecho penal;

c)

«autoridad nacional competente» (ANC), lo mismo que en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) n.o 1024/2013. Ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones nacionales que asignen determinadas funciones de supervisión a un BCN no designado como ANC. Respecto de esas disposiciones, las referencias a la ANC en la presente Decisión se entenderán hechas también al BCN en lo relativo a las funciones de supervisión que le asigne la legislación nacional.

a)

la ANC o el BCN se comprometen a responder a la solicitud en nombre del BCE;

b)

i) el derecho de la Unión o el derecho nacional obligan expresamente a transmitir esa información a la autoridad nacional encargada de investigar delitos, o ii) el régimen jurídico aplicable permite divulgar esa información confidencial y no hay razones preferentes para no divulgarla basadas en la necesidad de salvaguardar los intereses de la Unión o evitar injerencias en el funcionamiento y la independencia del BCE, en particular las que pongan en peligro el cumplimiento de sus funciones;

c)

la ANC o el BCN se comprometen a pedir a la autoridad nacional solicitante encargada de investigar delitos que garantice que la información confidencial facilitada no se haga pública.